En el gobierno de San Luis Potosí, dos altos funcionarios han sido señalados por el presunto uso de sus cargos para favorecer intereses privados vinculados al despacho Torsa Abogados. La firma, fundada por el actual secretario de Gobierno, Guadalupe Torres Sánchez, mantiene vínculos directos con él y con su esposa, Xitlálic Sánchez Servín, quien se desempeña como vicefiscal jurídica en la Fiscalía General de Justicia del Estado.
De acuerdo con los señalamientos, ambos habrían operado en favor de clientes al aprovechar su posición dentro de la estructura pública, lo que ha encendido alertas por posibles conflictos de interés y uso indebido de funciones. Las acusaciones apuntan a que dichas gestiones se habrían realizado de manera simultánea a sus responsabilidades institucionales, lo que podría implicar una vulneración a los principios de imparcialidad y legalidad que rigen el servicio público.
Cuestionamientos al despacho Torsa Abogados
La firma legal tampoco ha estado exenta de cuestionamientos. Clientes han presentado denuncias en las que acusan presuntas prácticas de extorsión, engaño y manejo irregular de casos. Las quejas se concentran principalmente en la actuación de Francisco Torres Sánchez, hermano del funcionario, lo que ha extendido las críticas hacia el entorno cercano del secretario.
El despacho Torsa Abogados aparece igualmente relacionado con asuntos de alto impacto económico, detallados a continuación:
| Asunto | Detalle del impacto |
|---|---|
| Contrato PANAVI | Suministro de luminarias con incremento de 1,200 a 1,400 millones de pesos. |
| Interapas | Asesoría legal en pagos de 4 millones de pesos a la empresa Ibarrola y Oseguera S.A. de C.V. |
Antecedentes y presuntas irregularidades
Torres Sánchez, identificado como fundador y socio principal del despacho, ha sido mencionado en distintos episodios que han marcado su trayectoria. A estos señalamientos se suma su mención en 2017 en el caso conocido como la “ecuación corrupta”, un esquema que involucró, según investigaciones, presiones de diputados locales y funcionarios de la Auditoría Superior del Estado (ASE) sobre alcaldes. El expediente documenta además que la ASE confirmó desvíos por más de 11.3 millones de pesos en operaciones del Congreso durante el periodo 2015-2017. En ese contexto, Torres Sánchez fue incluido en una lista de 16 exdiputados señalados por su presunta participación en dichas irregularidades.
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También se le ha vinculado con operaciones relacionadas con empresas fantasma y la cancelación de facturas por aproximadamente 88 mil pesos, presuntamente ligadas a apoyos sociales inexistentes.
Presiones y conflicto de interés por una notaría
En el caso de Xitlálic Sánchez Servín, las críticas se centran en su posición dentro de la Fiscalía General de San Luis Potosí. En este contexto, el matrimonio busca acceder a la titularidad de una notaría, pese a cuestionamientos sobre el cumplimiento de los requisitos de experiencia y documentación.
Prueba de ello, es una solicitud para agilizar un trámite académico ante la Secretaría de Educación Pública (SEP), relacionada con la expedición de documentos para obtener una especialidad, evidenció la participación de Sánchez Servín en el proceso para acceder a la notaría. El hecho ha derivado en nuevos cuestionamientos por un posible conflicto de interés. De acuerdo con un escrito fechado el 16 de octubre de 2025, un particular pidió la intervención de la institución para dar seguimiento a un trámite administrativo vinculado con la emisión de diploma, título o certificado en posgrado de derecho notarial para Xitlálic Sánchez Servín.
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