Tras la caída del socialismo real y la anunciada victoria del capitalismo como sistema socioeconómico triunfante, se ha defendido la tesis de que capitalismo y democracia pueden coexistir de manera armónica y autorregulada (Bojórquez y Ángeles, 2021). Sin embargo, Ian Bruff (2014) considera que el capitalismo en su etapa neoliberal ha tendido a reforzar los mecanismos de coerción y control para disciplinar a los grupos disidentes que con la protesta social combaten las políticas de despojo, las reformas en beneficio del capital financiero y el incremento de la precariedad laboral.
El discurso del ‘emprendedurismo’ neoliberal, que impone la primacía del crecimiento económico, del mercado y la desregulación de la legislación laboral, ha venido de la mano con una serie de imposiciones que han generado cambios en los lugares de trabajo, los hogares, los espacios públicos, etc. En ese tenor, los Estados realizan modificaciones legales que no han sido discutidas ‘democráticamente’ con la ciudadanía (Bruff y Tansel, 2019), con lo que se llega establecer un sistema legal sin consensos sociales.
En este artículo, a través de un estudio de caso de carácter exploratorio, se analizan las protestas sociales que se desencadenaron en Colombia la imposición de las políticas de ajuste estructural del presidente Iván Duque, materializadas en una pretendida reforma tributaria que tenía como propósito el incremento del impuesto sobre la renta y algunos productos básicos de la canasta familiar. Dicho análisis parte de la teoría crítica y, en particular, del concepto de neoliberalismo autoritario.
Neoliberalismo Autoritario y la Crisis del Capitalismo
De acuerdo con Bruff (2014) vivimos en una etapa del capitalismo que se puede catalogar como ‘neoliberalismo autoritario’, y que se caracteriza por Estados que buscan generar andamiajes legales para consolidar los procesos de acumulación de capital, protegiendo los intereses corporativos de grandes grupos empresariales y el poder financiero, además de restringir las protestas sociales contra las políticas de ajuste económico que someten a la mayoría de la población con la excusa de la disciplina fiscal y la viabilidad del modelo económico.
Los gobiernos defensores del status quo tienden a reforzar los aparatos de control y de vigilancia, buscan aislar y contener a los grupos sociales que cuestionan las políticas implementadas, apoyados por los medios de comunicación como instrumentos propagandísticos para justificar las políticas neoliberales con el discurso de la protección del empleo. Si bien hay una defensa del libre mercado y de la ganancia del capital financiero, en cuanto al ejercicio de gobierno, también hay una tendencia a centralizar los poderes del Estado en el poder ejecutivo, que busca judicializar la protesta social con represión a quienes se expresan en el espacio público (Bruff y Tansel, 2019).
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Para ello se invierte en dispositivos de control, que inundan las ciudades con las llamadas redes de video vigilancia que buscan eliminar el arquetipo de personas indeseables para el mercado (Bojórquez, Ángeles y Gámez, 2020), y en la dotación de equipos para los llamados escuadrones antidisturbios de las policías. En este marco los Estados tienden a adoptar formas cada vez menos democráticas, lo que evidencia la gran crisis que vive el sistema capitalista.
Sin embargo, su solución dista de ser sencilla ante la postura de las élites económicas y políticas renuentes a buscar alternativas donde prevalezcan la negociación y algunas concesiones de bienestar social. Para la ortodoxia neoliberal las políticas de ajuste económico son un dogma incuestionable (Bruff, 2014), por lo que para ellos solo hay dos vías de aparente solución: el uso de la fuerza y la judicialización.
En sentido estricto, el neoliberalismo toma como principio la reorganización del Estado, afinando instrumentos coercitivos que minan la democracia y se fortalecen a partir de sociedades desiguales y fragmentadas. Así, el Estado se convierte en una entidad represiva, donde los sistemas penitenciarios se saturan, se fortalecen los cuerpos policíacos y se consolida una realidad militarizada en la cual se reducen las libertades civiles, todo en aras del orden y la llamada seguridad nacional, donde la protesta social es criminalizada, fomentando la marginación y el aislamiento político.
Geografía de la Resistencia y el Espacio Público
David Harvey (1976) sostiene que el espacio no puede tratarse como si fuera un elemento neutro, como un simple recipiente de elementos físicos, sino que se conforma y se produce de acuerdo con el contexto histórico social y el modelo de producción vigente. Así, lo ideológico y lo político están plasmados en la construcción social del espacio, generando tensiones y relaciones de poder entre los diferentes agentes.
Sostiene Lefebvre que, en esa tensión espacial, “el espacio dominante, el de los centros de riqueza y de poder, se esfuerza en moldear los espacios dominados -de las periferias- y mediante el uso de acciones a menudo violentas reduce los obstáculos y todas las resistencias que encuentra” (2013, p. El espacio geográfico se va produciendo a través de las interacciones de los hombres con el medio o entre ellos mismos (Lefevre, 2013), por lo que la geografía está ligada a lo social.
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El espacio, por lo tanto, tiene que ver con la acción de construcción del hombre y con el desarrollo de los procesos de territorialización que consolidan los procesos de identidad, pero también puede ser visto como arena de manifestaciones de las relaciones de poder en los llamados movimientos sociales. Es en el espacio en donde, ante la imposición de los poderes, tanto formales como fácticos, que se apropian de los elementos hasta hace poco comunes, y ante las lógicas expoliadoras de la mercantilización, se configuran diversas formas de resistencia.
En el espacio público urbano se estructura y manifiesta la protesta social, sin embargo, su regulación potencializará o limitará el activismo ciudadano. Es en el espacio público, donde se dan las diferentes tácticas de resistencia como el bloqueo de calles, los plantones frente a los poderes políticos o económicos, el ataque a los símbolos de poder, las tomas de recintos del poder Estatal y demás estrategias que visibilizan el descontento popular.
Estas líneas de acción popular son contestadas con aparatos represivos; se producen así enfrentamientos en la lucha por una relación de simetría: las clases subordinadas, en concordancia con Harvey (2012, p. Es así como las formas irruptoras de protesta en Colombia se expresan en el espacio público, ante las imposiciones de las políticas neoliberales que surgieron desde mediados de los años ochenta del siglo pasado.
Este proceso, más de tres décadas después, ha llevado a la emergencia de nuevas geografías de resistencia como, por ejemplo, Puerto Resistencia, Avenida Misak, Puente de la Dignidad, Viaducto Lucas Villa, entre otros, que se vuelven símbolos de oposición que conlleva la apropiación y resignificación de los espacios públicos bajo el signo del inconformismo y la indignación ciudadana.
Neoliberalización Económica de Colombia
La aplicación del neoliberalismo en Colombia se inicia en los gobiernos de Virgilio Barco (1986-1990) y César Gaviria Trujillo (1990-1994), dando paso a la desestructuración del inconcluso Estado benefactor implementado durante el siglo XX. La privatización de los sectores de educación y salud produjo que estos derechos consagrados por la Constitución de 1991 se convirtieran en servicios públicos con gestión privada y limitados en su acceso.
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En el gobierno de Andrés Pastrana Borrero (1998-2002), con el Plan Colombia, apoyado por los Estados Unidos, se fortalecieron las fuerzas militares para combatir el narcotráfico, las guerrillas y los sectores sociales y de oposición. La ciudadanía se tuvo que organizar para confrontar este modelo económico (Rodas, 2008). Con el gobierno de Álvaro Uribe Vélez (2002-2010) el neoliberalismo pasó de lo económico a lo social y militar con las nociones de la ‘seguridad democrática’.
Se restringieron las oportunidades políticas para la movilización con mayores mecanismos de represión estatal que fueron apoyados por los medios de comunicación. Las organizaciones sociales recurrieron a repertorios transnacionales para salvaguardar su participación en la esfera pública y la defensa de los derechos humanos.
Durante el gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2018) se presentó una transición en las formas, mas no en el fondo (Rodríguez, 2014). Se dio un cambio en las estructuras de oportunidades internas y externas. Pero, sin duda, el contexto de las negociaciones de Paz entre el gobierno y las FARC (2012-2016) en Cuba fue un factor muy favorable a la movilización social.
Hubo un resurgimiento de las diferentes formas de acción colectiva: movimientos estudiantiles, campesinos-agrarios, profesorales y manifestaciones sociales diversas. El discurso de la paz, que fue promovido por el gobierno, los sectores de centro e izquierda y las organizaciones sociales, fue contrarrestado con el discurso contra la paz del partido Centro Democrático (Álvaro Uribe Vélez).
Como consecuencia de la campaña de desprestigio y mentiras hacia las negociaciones, en el 2016 fue derrotado el Plebiscito por la Paz (No: 50.2%). Los acuerdos de paz tuvieron que ser ratificados por el Congreso de la República. Así llegó el gobierno de Iván Duque (2018-2022), un escenario de recrudecimiento del modelo neoliberal (ajustes fiscales de 2018, 2019, 2021); de problemas de educación, salud y empleo; de pésimo tratamiento de la contingencia causada por el COVID-19; de inaplicabilidad de los acuerdos de paz; de ataques a la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) y de aumento de la corrupción.
La respuesta ciudadana fue la movilización y protesta social, que en todos los casos fue reprimida estatalmente. De esta manera, en el presente artículo se entiende que la acción colectiva en Colombia en el año 2021, conocida como Gran Paro Nacional (abril, mayo y junio), responde a la tensión entre la aplicación de un neoliberalismo autoritario -que busca reducir a su mínima expresión las capacidades de la sociedad civil para movilizarse en contra de sus políticas mismas- y el aprovechamiento de las oportunidades políticas por parte de los actores y organizaciones sociales.
El Gran Paro Nacional de 2021
Las políticas de ajuste económico han sido sumamente dañinas y fuera de todo orden democráticas para América Latina. Sin el consenso de la población, su imposición por parte de las élites políticas y económicas ha sido posible por la cooptación de los poderes legislativos y el judicial (Valderrama, 2020). Bojórquez y Ángeles (2021) muestran que en Chile, Colombia y México las protestas sociales han sido acalladas por los aparatos represivos del Estado, con regulación del espacio público y aumento de tipos penales.
Sin embargo, los actores y organizaciones sociales han logrado potenciar su presencia en las calles para exigir el cumplimiento de los acuerdos sociales mínimos. Así ocurrió en Colombia con el Gran Paro Nacional a partir del 28 de abril de 2021. El 15 de abril, el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, presentó el proyecto “Ley de Seguridad Sostenible”, con el objetivo de recaudar 23 billones de pesos entre 2022 y 2023 (Portafolio, abril 15, 2021).
Se trató de la segunda reforma fiscal después de la fallida “Ley de Financiamiento”, aprobada en 2018 y declarada inconstitucional por la Corte Constitucional en octubre de 2019 (Sentencia C-481, 19 de octubre de 2019). Esta nueva ley fue presentada en el medio de la pandemia del COVID-19, cuando la mayoría de la población estaba afectada económicamente (Medina, 2021). La reforma tuvo tres objetivos: extender el IVA a más bienes y servicios; gravar la canasta familiar incluyendo el café, el chocolate y la panela, y ampliar la base tributaria (Medina, 2021).
El argumento del gobierno fue que su propósito era garantizar un ingreso mínimo a los hogares que se encuentran en condición de pobreza y pobreza extrema (Min Hacienda, 2021, s.p). Las centrales obreras del país y las organizaciones sociales y populares, agrupadas en el Comité Nacional de Paro, convocaron a un Gran Paro Nacional con el lema “Por la vida, la paz, la democracia y contra la Reforma Tributaria y el paquetazo de Duque”.
El Gran Paro Nacional y las manifestaciones se caracterizaron por un gran activismo de los jóvenes y lo estudiantes, que no solo recogían las exigencias de la población en general de rechazar la pretendida reforma tributaria (Gómez y Romero, 2021), sino también demandas aplazadas, como la gratuidad en la educación superior y la lucha contra la pobreza. La espacialidad de la protesta social estuvo dispersa en varias ciudades del país.
El 28 de abril la movilización social se realizó en los principales centros urbanos de Colombia. En Bogotá, Cali y Pereira se tuvo una mayor intensidad de la movilización que se fue prolongando en los siguientes días. La acción colectiva se manifestó con repertorios variados (ollas comunitarias, teatro y lúdica, actividades frente a las instituciones de gobierno, convites a los barrios populares, etc.) y no solamente en las marchas.
También hubo una llamativa resignificación de lugares públicos. Por ejemplo, esta geografía de la resistencia llevó a que en Bogotá, Medellín, Cali y Pereira los espacios públicos fueran renombrados y los símbolos del progreso material o infraestructural readecuados. Los casos más icónicos, aunque no los únicos, fueron el Portal Resistencia y la Avenida Misak (Bogotá), el Puerto Resistencia, la Loma Dignidad y Uni Resistencia (Cali), el Parque de la Resistencia (Medellín) y el Viaducto Lucas Villa (Pereira).
Las disputas por los espacios públicos llevaron a la configuración de unos escenarios, que se entienden como una geografía de la resistencia, en los que los actores y organizaciones sociales y populares compitieron por la hegemonía y dominio sobre las calles, los lugares, los símbolos públicos y las grandes obras de infraestructura. Así, los manifestantes, impusieron una visión alternativa de los sentidos y significados que les otorgan al parque, al puente o al portal de buses.
Según INDEPAZ desde el 1 de enero hasta el 29 de abril del presente año se han registrado 35 masacres con un saldo de más de 130 víctimas, así como el asesinato de 62 líderes sociales y 23 firmantes del Acuerdo de Paz. El panorama es aún más espeluznante si nos remontamos a revisar datos desde el inicio de la administración Duque.
Manifestantes sostienen pancartas con la leyenda “No a la reforma tributaria” del gobierno del presidente Iván Duque en Bogotá, Colombia 28 de abril de 2021. La represión a las movilizaciones evidencia un insólito ejercicio de crueldad sobre los cuerpos de las personas más jóvenes, que son quienes mayoritariamente han sostenido el pulso al gobierno encabezado por el presidente Iván Duque y que azuzado por miembros de los partidos políticos de la derecha, han acudido a la vieja maña de señalar a las protestas como una conspiración en su contra ideada por gobiernos vecinos antagónicos y organizaciones terroristas. Bajo este argumento de cajón, las autoridades pretenden justificar los homicidios y abusos policiales, presentándolos como acciones necesarias de la fuerza pública para recuperar la estabilidad institucional.
Cuando, en realidad, se puede afirmar que el mayor origen de inestabilidad han sido las propias políticas que en materia económica y social ha implementado el gobierno, y de las cuales se han beneficiado las élites. Dos ejemplos de ello son la reforma tributaria para extender exenciones y beneficios a los grandes conglomerados empresariales aumentando la carga a la clase media baja, y la reforma del sistema de salud que va en detrimento del ya insuficiente cubrimiento para la población más vulnerable.
Ajustes demoledores en un país con un índice de pobreza superior al 40%. La injusticia social mantenida en el tiempo desde gobiernos anteriores y profundizada por el gobierno Duque, ha estallado como un grito de indignación irrefrenable tras una larga acumulación de humillaciones y sometimiento a la población históricamente excluida.
La escalada de violencia durante el Paro Nacional ha ofrecido escenas inverosímiles que demuestran la perversidad de la doctrina de seguridad que aplica el estado, la descomposición de los cuerpos armados oficiales y su vínculo estrecho con sectores reaccionarios de ciudadanos que obedecen a la lógica del ajusticiamiento mafioso y racista.
Ante estos graves sucesos la ciudadanía movilizada ha respondido valientemente describiendo con madurez la realidad de los hechos a través de un uso inteligente de las redes sociales, comunicando al mundo entero los motivos de la protesta y anunciando la fuerza de su persistencia, a pesar de las formas de aniquilamiento con que la atacan.
La movilización terminó la última semana de junio, cuando el Comité Nacional del Paro informó sobre la suspensión de las congregaciones debido a un acuerdo parcial con el gobierno nacional. Para entender el porqué del descontento y de la continuidad de un paro que ha sentado un precedente en la historia actual de Colombia por su consistencia y poder de convocatoria, es menester dar una mirada al contexto en el que surgió esta respuesta por parte de la población.
El Principio de Legalidad Tributaria (PLT) y los Planes Nacionales de Desarrollo (PND)
En Colombia, el principio de legalidad tributaria (PLT) es constitucionalmente fundamental, indicando que todas las disposiciones gubernamentales deben estar acordes con la Constitución y las leyes vigentes. Este principio se basa en el aforismo "nullum tributum sine lege", lo que significa que todo tributo debe estar contemplado expresamente por una ley para generar seguridad jurídica al contribuyente.
La Constitución Política de Colombia, en su capítulo 2, artículos 339 a 344, establece lo relacionado con los PND, en los cuales el Gobierno nacional fija las acciones públicas que pretende alcanzar, planifica, y establece actividades y objetivos tendentes a satisfacer las necesidades de la sociedad y del Estado. Los planes están "incluyendo normas instrumentales lo cual altera la Planeación económica en Colombia.
Por el carácter de los PND, su naturaleza constitucional y su iniciativa legislativa, su articulado permea todo el ordenamiento jurídico, luego su ámbito de aplicación está contemplado en el artículo 2 de la Ley 152 de 1994, el cual reza: "Ámbito de aplicación. Haciendo un rápido análisis, para que un plan de desarrollo quede en firme requiere de un tiempo de nueves meses; si comparamos las etapas y el tiempo del PND con la aprobación de otra ley (ordinaria), es evidente que el proceso es mucho más expedito, y no pasa por todo el debate legal de otra norma.
El principio de legalidad tiene como objetivo primordial fortalecer la seguridad jurídica y evitar los abusos impositivos de los gobernantes, puesto que el acto jurídico que impone la contribución debe establecer previamente, y con base en una discusión democrática, sus elementos esenciales para ser válido. En este sentido, el principio de legalidad, como requisito para la creación de un tributo, tiene diversas funciones dentro de las cuales se destacan las siguientes: (I) materializa la exigencia de representación popular, (II) corresponde a la necesidad de garantizar un reducto mínimo de seguridad a los ciudadanos frente a sus obligaciones, y (III) representa la importancia de un diseño coherente en la política fiscal de un Estado.
En Colombia, la realidad tributaria es el resultado de una proliferación masiva de normas al respecto, muchas que se quedan sin decantar y no terminan siendo efectivas. En promedio, Colombia ha tenido una nueva reforma o disposición tributaria cada 1.8 años en un lapso de 28 años.
Tristemente, el movimiento se encontró con el obstáculo más grande en una insurrección: su propia espontaneidad. En este caso, la tarea era organizar una asamblea que reuniera delegados entre los cabildos y crear un programa político que pusiera la disputa por el poder como el ímpetu principal del movimiento.
Si bien el comité no representaba a todos aquellos que marchaban, si representaba a las centrales sindicales y por consiguiente a los elementos más organizados. La juventud intentó mantener la lucha en las calles y hubo otros episodios heroicos, como la tumba de la estatua de Cristóbal Colón en Barranquilla. Pero para Julio 20, cuando el comité de paro llamó a nuevas protestas, el desgaste fue más que visible. Los números fueron una fracción de la cantidad que atendió durante los últimos meses.
Si bien el paro general no terminó con la caída del gobierno de Duque, la eventual caída de este sistema no se podrá lograr sin sacar un balance claro de explosiones sociales como esta. La impopularidad del gobierno de Duque (efectivamente la impopularidad del establecimiento representado por Uribe y sus compinches) continúa en aumento, llegando al 82%. En cambio, el paro general, en su punto alto, tenía el apoyo de las masas.
Estos cambios de opinión reflejan el hecho que las guerrillas ya no sirven como el espantapájaros que la derecha colombiana podía usar para poder justificar sus tácticas de represión en contra de la izquierda. Tristemente, aquí es donde vemos uno de los grandes límites del movimiento: el liderazgo sindical durante el último año ha comprobado que no tiene ninguna perspectiva más allá de negociar con el estado y usar el movimiento de masas (cuando este erupte) para obtener reformas. Esta debilidad del liderazgo se extiende al reformismo parlamentario.
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