La elección presidencial de 2018 en México representó la pugna de dos proyectos de nación completamente antagónicos. Uno de los proyectos políticos apostaba por la preservación del status quo, el otro apostaba por la renovación del Estado social y una supuesta refundación moral del país; finalmente el resultado fue que el proyecto de la renovación salió victorioso. Cuando Andrés Manuel López Obrador (AMLO) llegó al poder en el 2018, prometió contener el neoliberalismo desenfrenado y terminar con la violencia política. Sin embargo, lo sorprendente era que había un tema en el que todas las facciones políticas parecían estar de acuerdo: los impuestos. Los tres candidatos principales rechazaron contundentemente elevar la carga tributaria, pese a que muchas de las promesas invariablemente requerían de un mayor gasto público.
La administración de López Obrador consiguió, en efecto, el mayor nivel de ingresos en pesos. Al cierre de 2024, los ingresos totales del sector público llegaron a 7.4 billones de pesos, el mayor monto que se tenga registro. Medido desde el cierre del sexenio de Enrique Peña Nieto en 2018, aumentaron 8.5% o 586 mil millones de pesos (mmdp). Pese al incremento, los ingresos públicos representaron tan sólo el 22.1% del producto interno bruto (PIB), que si bien es superior al 21.2% de 2018, resulta idéntico al 22.1% registrado en 2008. La métrica de ingresos respecto al PIB nos permite ver que los ingresos de México siguen siendo bajos en la comparativa internacional. Los países pertenecientes a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) ingresan en promedio 42% del PIB. Es decir, México está prácticamente a la mitad de camino de estos países. Incluso, nuestro país se compara negativamente frente a economías latinoamericanas.
Otra forma de verlo es que, por habitante, la entrada de recursos tampoco ha aumentado de forma significativa en los últimos años. En 2024, el gobierno obtuvo 56 mil 894 pesos per cápita; apenas 3% (1,800 pesos) más que en 2018. Además, se quedó por debajo del récord de 59 mil 177 pesos por habitante, en términos reales, logrado en 2016. Comparado con otros sexenios, el desempeño de la política de ingresos también fue bastante pobre. La situación es mucho peor si se analizan sólo los ingresos exclusivos del Gobierno federal, es decir: la recaudación tributaria, los ingresos que paga Pemex a la Federación y el cobro de derechos, aprovechamientos y otras cuotas. Estos alcanzaron 5.5 billones de pesos, un crecimiento de solamente 5.8% (301 mmdp), el peor en cinco sexenios.
Desempeño de la Recaudación Tributaria
A pesar de la mayor fiscalización a los contribuyentes, el sexenio finalizó con el peor desempeño en crecimiento de los ingresos públicos. Si bien el ex presidente apostó por la mayor fiscalización de los contribuyentes cautivos, su negativa de realizar una reforma fiscal progresiva limitó la recaudación durante su Gobierno. En materia de ingresos tributarios, la gestión de López Obrador sí tuvo un desempeño destacado frente a las de otros presidentes. Estas percepciones tuvieron a lo largo de su sexenio un incremento de 19.8% (818 mmdp). Si lo medimos en términos per cápita, López Obrador obtuvo al cierre de 2024 una recaudación de 37,606 pesos por persona al año en impuestos, un aumento de 4,623 pesos frente a lo cobrado al cierre de 2018 en términos reales.
No es completamente justo comparar el desempeño de López Obrador y de Peña Nieto, frente a presidentes anteriores por una razón: previo a 2014, el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) era negativo. En lugar de realizar una reforma tributaria para incrementar los ingresos, el Gobierno de López Obrador aplicó una serie de cambios administrativos para “exprimir” a los contribuyentes ya cautivos. El primer cambio a nivel de fiscalización con López Obrador fue la disminución de devoluciones y compensaciones otorgadas a los contribuyentes. La devolución de impuestos es el reembolso que la autoridad fiscal hace a un contribuyente cuando éste ha pagado más de lo que le correspondía.
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Hay que recordar que la recaudación impositiva se mide no sólo por el dinero que pagan empresas y personas, sino por los recursos que el fisco efectivamente retiene. Para limitar estos beneficios, desde el primer año de la actual administración se eliminó la llamada compensación universal. La eliminación de esta facilidad ha provocado que el fisco devuelva o compense menos impuestos. A pesar de que la recaudación bruta de impuestos llegó a 6.2 billones de pesos en 2024, 13% (738 mmdp) más que en 2018, las devoluciones y compensaciones cayeron en 6% (79.5 mmdp) en el mismo periodo.
La estrategia de limitar las devoluciones y compensaciones, se enmarca en una estrategia más amplia de fiscalización por parte del SAT. Nos referimos a las acciones de cobranza sin necesidad de pasar por la judicialización. Algunos ejemplos son el envío de cartas invitación para asistir a las oficinas del SAT, o las llamadas o mensajes de texto para que los contribuyentes corrijan su situación fiscal por “voluntad propia”. En 2024, el SAT realizó 89.1 millones de acciones de cobranza contra contribuyentes, un aumento de 49% (29.1 millones más) que en 2018. Como resultado, en 2024 el SAT logró ingresos por cobranza por 1.05 billones de pesos, 308% (797 mmdp) más que en 2018.
Comparativa del Crecimiento de Impuestos por Sexenio
La tabla siguiente muestra el crecimiento porcentual de los ingresos tributarios y el Impuesto al Valor Agregado (IVA) durante diferentes sexenios:
| Presidente | Crecimiento Ingresos Tributarios Sexenio (%) | Crecimiento IVA Sexenio (%) |
|---|---|---|
| Zedillo | 12% | 51.9% |
| Fox | 16.1% | 52.3% |
| Calderón | 14.4% | 18.1% |
| Peña Nieto | 25.3% | |
| López Obrador | 19.8% | 13.1% |
Si analizamos de cerca el Impuesto Sobre la Renta (ISR), el principal impuesto que cobra la federación, la situación es mucho más grave para AMLO. López Obrador logró cerrar su sexenio con un cobro de ISR por persona de 20,365 pesos al año, 2,440 pesos más que en 2018. De igual manera, el desempeño del Impuesto al Valor Agregado (IVA) con AMLO fue decepcionante: logró un crecimiento de 13.1% durante su sexenio, inferior al 25.3% de Peña, 18.1% de Calderón, 52.3% de Fox y 51.9% de Zedillo.
El Factor Pemex y la Austeridad Republicana
A pesar de lo que pudiera pensarse, el gran culpable del mal desempeño en la política de ingresos de López Obrador no fue la pandemia de 2020, sino el deterioro de los ingresos petroleros. No queda duda de que Pemex fue de máxima prioridad durante el gobierno de López Obrador. La petrolera recibió 2.2 billones de pesos en apoyos fiscales de 2019 a 2024, 4.8 veces más que lo otorgado por Peña Nieto en su sexenio (473 mmdp). Para dar “oxígeno” a Pemex, el Gobierno le ha recortado su carga tributaria. De 2019 a 2024 el Derecho por la Utilidad Compartida (DUC), el principal gravamen que pagaba la petrolera, pasó de 65% a sólo 30%. Encima de esto, mediante decretos presidenciales se le ha postergado el pago de impuestos, e incluso esas obligaciones luego se han condonado.
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A pesar de los cuantiosos beneficios fiscales, Pemex no ha logrado detener su desplome productivo. Al cierre de 2024, la petrolera produjo en promedio 1,485 miles de barriles diarios (mbd) de crudo, el peor nivel desde 1990 que se tiene registro. La caída en la producción de crudo y la disminución de derechos cobrados a la petrolera han provocado que los recursos que paga Pemex a la federación tuvieran en 2024 su peor nivel desde 1990. Al cierre de 2024, la renta pública por la venta de petróleo fue de 959 mmdp, una reducción de 27% (362 mmdp) contra el cierre del sexenio de Peña Nieto. De esta forma, en 2024 Pemex se quedó con 79% de la renta petrolera, mientras que el Gobierno sólo obtuvo el 21%, la peor distribución histórica. En 2018, todavía el 55% de los ingresos petroleros iban a la federación para financiar, entre otros, el gasto público en salud o educación.
El lopezobradorismo ha sido reforzado por la promulgación de leyes nuevas de salario mínimo, programas de infraestructura y pensiones para la vejez. Sin embargo, estos éxitos se solapan con ciertos retrocesos importantes. Dos de las principales plataformas de Morena -contener el poder militar y aumentar los impuestos a los ricos de México- fueron abandonadas incluso antes de la inauguración de AMLO. El abandono a la agenda fiscal original de AMLO ha tenido consecuencias profundas. Sin una fuente crítica de ingresos, el gobierno empezó a posicionar al Estado como un recurso infinito, con el cual se podía ahorrar magníficamente al recortar los privilegios de los trabajadores públicos. Esta fue la justificación detrás de lo que se denominó popularmente como la “austeridad republicana”.
Implementación y Efectos de la Austeridad Republicana
La "austeridad republicana" es uno de los temas que más polémica causa en México. Desde el inicio de su gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador decretó un severo recorte al gasto y a la inversión de dinero público. La medida, que quedó formalizada en la Ley Federal de Austeridad Republicana, aprobada por el Congreso de la Unión, provocó el despido de miles de empleados del gobierno, la cancelación de contratos y licitaciones, reducción de salario a los altos funcionarios y una drástica reducción en el gasto cotidiano de las autoridades. Según López Obrador esta medida se aplica porque en los gobiernos anteriores se cometieron excesos en el gasto público.
El recorte del presupuesto ya causa estragos en el país, coinciden especialistas. Una de las primeras consecuencias es el pronóstico de crecimiento de la economía. Ahora las consultoras financieras y organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI), advierten que el Producto Interno Bruto (PIB) de México crecerá 0.9%. En parte es consecuencia de la "austeridad republicana" explica José Luis De la Cruz Gallegos, el director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico. "Hay un impacto por esta decisión de reducir el gasto de inversión y aplicar programas de austeridad y reordenamiento de la hacienda pública", dice a BBC Mundo.
Distintas oficinas del gobierno se fusionaron y los salarios de los servidores públicos fueron recortados drásticamente. Como resultado, un elemento innegable del lopezobradorismo ha sido la degradación profunda de los servicios públicos. Las políticas de austeridad hicieron poco por acabar con la corrupción y el abuso. En cambio, transfirieron recursos de una sección del estado (salud, educación y protección ambiental) hacia otros (proyectos de infraestructura, pensiones y las Fuerzas Armadas). Los recortes han afectado al gobierno federal entero: los presupuestos de las dos agencias de protección ambiental se redujeron en un 60% desde su punto máximo del 2015 y el 2020. El presupuesto para el tratamiento de diferentes tipos de cáncer ha sido recortado en más de un 90 por ciento desde el 2018.
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El impacto de la austeridad pública se nota en algunos sectores. Un ejemplo es la distribución de medicinas en hospitales públicos. La Secretaría de Salud suspendió la compra de medicamentos a tres de los principales proveedores del gobierno, porque se detectaron irregularidades en el precio de los productos. Otra consecuencia fue el despido de empleados públicos. Más de 20.000 personas han sido despedidas desde enero pasado, según datos oficiales. Una de las áreas con más problemas es la construcción, que registró una caída de 6,2% en 2019 según datos del gubernamental Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía (Inegi). A estos problemas por la estrategia de austeridad se suma el inicio de un nuevo gobierno que, al menos en los últimos 30 años, suele afectar a la economía.
Pero en este escenario también hay grupos beneficiados por la austeridad oficial. Es el caso de los jóvenes para quienes se establecieron programas de becas y empleo. Otro es un sistema de becas para los estudiantes en situación de pobreza, así como uno más para quienes viven en las ciudades y estudian el bachillerato y universidades. En este sector los beneficiados son más de 2,4 millones de acuerdo con la Secretaría de Educación Pública. Otro grupo beneficiado con la "austeridad republicana" son los ancianos, a quienes se duplicó el subsidio que reciben cada mes. En este programa reciben apoyo siete millones de "adultos mayores" (de más de 60 años), pero la meta es que se entregue a un millón más. También se estableció un programa de precios de garantía para los campesinos marginados.
La Negativa a una Reforma Fiscal Profunda
A López Obrador le tiembla la mano al hablar de una reforma fiscal, pues implicará el cobro de impuestos a las grandes fortunas. El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) adelantó que no habría una reforma fiscal. "No va a haber reforma fiscal, porque cuando se habla de reforma fiscal, ¿qué es lo que se entiende? Aumentos de impuestos. México es uno de los países con una de las recaudaciones fiscales más bajas de Latinoamérica y del mundo. La propuesta original de AMLO contaba con un elemento de justicia redistributiva: con una tasa de tan solo el 13 por ciento, México tenía la tasa de impuestos al PIB más baja de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE); se encontraba 10 puntos porcentuales por debajo de los demás grandes países de Latinoamérica y tan solo a la mitad del promedio de la OCDE.
Los economistas progresistas que AMLO puso a cargo de la transición, así como el primer secretario de Hacienda y Crédito Público, pronosticaron que si bien el gobierno podría solventar su primer par de años sin una reforma fiscal, sería esencial para la segunda mitad de la administración. Sin embargo, estas ambiciones fueron reemplazadas por un enfoque más modesto que buscó asegurar el pago de los impuestos adecuados y el combate a la corrupción. Seis años después, está claro que la recaudación no ha incrementado de manera significativa. La austeridad republicana, al fin de cuentas, fue la consecuencia de que AMLO se doblegara ante las élites mexicanas en materia de impuestos. Pero los proyectos de infraestructura de los que Morena se abanderó, así como sus transferencias de efectivo hacia las personas, requerían de fondos. Sin incrementar los impuestos a los más ricos del país, los fondos tuvieron que venir de otro lado.
El Poder de las Élites y la Opinión Pública
Comparado con sus colegas en todo Latinoamérica y en el mundo en desarrollo más amplio, la cima de la burguesía mexicana está en una clase aparte en términos de su poder económico. Las veinte familias mexicanas más adineradas tienen fortunas varias veces más grandes que las de las familias brasileñas más acaudaladas. Las veinte familias mencionadas incrementaron su fortuna por más de 150 mil millones de dólares en los últimos seis años. En parte, el incremento en sus fortunas ha resultado de la alianza entre la oligarquía mexicana y el gobierno de Morena. El gobierno tuvo cuidado de tomar en cuenta sus conocimientos y mantener su estatus en los diferentes programas de infraestructura. AMLO ha pintado a su carrera y a su gobierno como una batalla mítica entre los ricos y los pobres. Sin embargo, la verdad es que no sólo ha gobernado con la oligarquía sino a través de y para la oligarquía. Y le han devuelto el favor.
La situación fiscal en México -diagnosticada en innumerables ocasiones- muestra el carácter urgente de llevar a cabo una reforma tributaria que le permita al Estado obtener mayores ingresos, de modo que expanda su rango de acción política. México lleva postergando una verdadera reforma fiscal durante décadas. Del mismo modo, el pacto implícito entre élite económica y poder político frenó durante gran parte del siglo XX cualquier intento de reforma fiscal que representara un agravio a sus intereses. La transición política del 2000 hizo aún más pronunciada la cooptación del Estado por parte de los poderes fácticos que, de nueva cuenta, se resistieron a una reforma que les obligara a aumentar la tributación. El escollo a la reforma fiscal es político.
La literatura especializada indica que las razones por las que los mexicanos no pagan impuestos giran, entre otras cosas, al desconocimiento, a la complejidad burocrática, a la permisividad institucional, y a que las autoridades alcanzan únicamente a los trabajadores formales. Las personas no creen en el beneficio que puede generar el pago de sus impuestos, su conciencia social no es clara y el término de contribuir pierde sentido, al menos en el tema de los impuestos. La explicación, en el caso de México, se remonta a décadas de experiencia negativa en la gestión pública de los recursos públicos con altos índices de corrupción y poca eficiencia en el gasto, así como por falta de transparencia y rendición de cuentas. Esta mala percepción, sin duda, ha impactado en la disposición de los ciudadanos para pagar impuestos.
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