En un evento significativo ocurrido el 4 de julio, elementos de la Policía Federal (PF) que mantenían la toma del Centro de Mando de Iztapalapa negaron que existiera “mano negra” detrás de sus protestas, como señaló el Presidente Andrés Manuel López Obrador. Durante estas manifestaciones, los uniformados enviaron una invitación al ex mandatario Felipe Calderón para que fuera su representante sindical.
Protestas de la Policía Federal y la Invitación a Calderón
Los oficiales rechazaron que hubiera líderes o “mano negra” en su movimiento, el cual, según ellos, busca el bienestar y la dignidad de la corporación. Uno de los voceros de los uniformados inconformes declaró: “Invitamos al expresidente Felipe Calderón a que se nuestro representante sindical, ya que fue quién apoyó más a la corporación y nos dio fuerza”.
En conferencia de prensa, los uniformados acusaron que el actual Gobierno federal no ha sido claro y que no ha especificado cuál sería su salario si se incorporan a la Guardia Nacional, qué seguros van a tener y bajo qué criterios se realizaría su despliegue en el país. Un policía federal denunció: “No son claros, no especifican bien los tiempos de operación en zonas foráneas, nada de esto es claro y no saben explicarlo, la Guardia Nacional es un plan improvisado”. A su vez, acusaron que el actual Gobierno federal no ha sido claro y que no ha especificado cuál sería su salario si se incorporan a la Guardia Nacional, qué seguros van a tener y bajo qué criterios se realizaría su despliegue en el país. Según un mensaje difundido en redes sociales, los elementos llamaron a no realizar patrullajes, servicios administrativos o cualquier servicio inherente a la Policía Federal “ya que cada uno apoyando desde su trinchera, podrá colaborar a esta noble causa en manera de protesta”. Los policías defendieron en el mensaje que el paro se realizará “como medida de presión al Presidente para que busque la manera de solucionar esta problemática”.
Acusaciones de "Mano Negra" por el Gobierno Federal
El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que las manifestaciones de los policías federales no tienen fundamento, que no se trata de “una causa justa” y además que “hay mano negra en este asunto”. López Obrador ofreció una disculpa a los ciudadanos por las molestias que ocasionaron los cierres viales de policías en Anillo Periférico de la Ciudad de México y la carretera México-Pachuca, además, defendió que no se ha despedido a nadie.
AMLO PIDE INVESTIGAR CORRUPCIÓN EN LA PF. El Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que ordenó investigar a fondo la corrupción en la Policía Federal (PF), y afirmó que la protesta de los agentes no tiene una “causa justa” porque no hay despidos ni pierden prestaciones al ingresar a la Guardia Nacional. “Sí, reafirmo mi postura de ayer. Creo que en el video está claro. Es un movimiento que no tiene razón de ser, no tiene fundamento no es por una causa justa porque no hay despidos, no se están quitando salarios, prestaciones”, aseguró durante su conferencia de prensa matutina.
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El Jefe del Ejecutivo federal precisó: “Cuando hablo de ‘mano negra’ es que los que estaban dirigiendo ayer el movimiento no trabajan en la Policía Federal. Los principales dirigentes pertenecen a organizaciones de otro tipo”. Más tarde, Alfonso Durazo, secretario de Seguridad, sugirió en conferencia de prensa que Calderón está detrás de las protestas. Dijo que la prueba más clara es que “uno de los que se asume como representante de los policías inconformes ha propuesto que el expresidente Calderón sea su representante sindical”.
El mandatario reiteró que la Policía Federal se echó a perder y que lo de ayer es una muestra evidente. “Y también estamos creando algo nuevo, la Guardia Nacional. Ayer decían que no querían que les hicieran exámenes, entonces cómo va a ser la cosa, ¿va a entrar cualquiera a la Guardia Nacional? ¿Vamos a simular?”, cuestionó. Asimismo, recordó que está establecido en la ley que en 18 meses desaparece la Policía Federal, y que pese a ese mandamiento legal, se tomó la decisión de no despedir a ningún elemento, con el objetivo de que todos mantengan su trabajo. Además, informó que en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), se está creando un sistema para suplir a las agencias privadas que daban servicios de seguridad, por ello, “los elementos de seguridad que quieran hacerlo, porque todo es voluntario, pueden inscribirse en esta nueva función y sí hay otro tipo de oportunidades, pero en esencia no se va a despedir a nadie”. Por otro lado, reveló que ordenó realizar una investigación a fondo, dar a conocer las denuncias de corrupción e investigar más a la Policía Federal.
El Primer Mandatario mexicano expuso: “No hay ningún motivo, ninguna razón, no es una causa justa, no se está despidiendo a ningún policía federal, lo que está sucediendo es que están pasando voluntariamente algunos elementos de la policía federal, al rededor de 10 mil, que han pasado la prueba, porque no se acepta a cualquiera a la guardia nacional, buenos elementos están pasando a la Guardia Nacional”. Recordó que los policías protestan porque no quieren que los examinen oficiales del Ejército y dijo que algunos no formarán parte de la Guardia Nacional porque no pasan las pruebas, porque no tienen conductas aceptables o tienen problemas de salud, pero podrán seguir trabajando en la Policía Federal. Cuestionó y calificó de “raro” que aún cuando los federales saben que no perderán su trabajo se manifiesten.
La Negativa de Felipe Calderón
En un video, Calderón negó lo que llamó una “cobarde insinuación” desde el gobierno federal y exigió al Presidente y a Durazo que presenten pruebas o retiren “las calumnias”.
Contexto Histórico: Represión en Oaxaca durante la Presidencia de Calderón
El 15 de febrero, al intentar ingresar al zócalo de la Ciudad de Oaxaca para expresar su rechazo a la visita del presidente Felipe Calderón, manifestantes, principalmente profesores de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y activistas sociales, chocaron con corporaciones policiacas federales y estatales. Al menos 28 personas resultaron lesionadas e intoxicadas, entre profesores, reporteros, fotógrafos y policías.
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Al día siguiente, maestros de la Sección 22 del SNTE suspendieron sus actividades escolares en la Ciudad de Oaxaca y en varias regiones del estado, bloqueando más de 37 puntos carreteros de la entidad oaxaqueña en protesta por la represión. En la capital, los dirigentes del magisterio democrático encabezados por Azael Santiago Chepi, cuestionaron las declaraciones que hizo el gobernador Gabino Cué el mismo día al señalar que “grupos infiltrados provocaron la violencia» y afirmaron que «Es un argumento demagógico para justificar la represión«.
Por otro lado, exigieron la renuncia de tres funcionarios estatales como condición para reinstalar el diálogo con el gobierno del estado. El 17 de febrero, Gabino Cué Monteagudo rechazó ofrecer disculpas al magisterio estatal y se negó a destituir a los secretarios de Gobierno, Irma Piñeyro Arias, y de Seguridad Pública, Marco Tulio López Escamilla, así como al director del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, Bernardo Vásquez Guzmán.
La Criminalización de la Protesta y la "Mano Negra" como Tácticas Estatales
El concepto de criminalización de la protesta/manifestación proviene de la configuración del derecho penal como facultad del Estado para castigar. En un primer momento, se establecen las formas en que se criminaliza la protesta por parte del Estado, ya que cada manifestación tiene particularidades debido a la tergiversación de la información, la cual señala negativamente a quienes toman el espacio público para manifestarse o protestar por alguna política o medida gubernamental, y se omite intencionalmente la forma en que las instituciones de seguridad pública violentan los derechos humanos y civiles de los manifestantes cuando son detenidos.
Se resaltan las características de la selectividad (individualización de la pena, irracionalidad para castigar), esto es, la utilización de recursos jurídicos en contra del individuo y el prejuicio social, gracias a la sustantiva ausencia de una intervención activa del poder judicial durante su actuación y, luego, en la investigación de lo ocurrido. La represión física, la deslegitimación y los cambios normativos que estigmatizan y señalan a los representantes o participantes de las protestas y de los movimientos sociales son los recursos del Estado para castigar a quienes forman parte de las resistencias. El uso y abuso faccioso del derecho penal es una forma de detener y castigar a quienes se movilizan y protestan.
El CELS (2003, p. 48) establece desde la primera década del siglo XXI que la criminalización atiende a una forma de abuso del Estado. Para la CIDH (2015, p. 11), la criminalización es un concepto asociado a las actividades de defensores mediante el uso indebido del derecho penal. El presidente López Obrador, al hablar de “mano negra”, afirmó: “Cuando hablo de mano negra es que los que ayer dirigían el movimiento no trabajan en la Policía Federal , son organizaciones de otro tipo”.
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En este sentido, comprendemos que los Estados tienen el deber de reconocer, respetar y garantizar los derechos del individuo y, por ende, la libertad de expresión, la libre manifestación y la ocupación del espacio público. Si pensamos en que las instituciones no siempre dan respuesta a las peticiones de forma positiva o satisfactoria y si revisamos el marco de la criminalización, podemos mencionar que las democracias de calidad contemplan la protesta y la manifestación como actos o acciones de la sociedad y otorgan libertad a los organizadores, líderes y asistentes para llevar a cabo la ocupación del espacio público en tanto sean respetuosos del orden y la paz pública. La pérdida o ausencia de contrapesos en los Gobiernos autoritarios es un ejemplo de cómo se genera represión y castigo en contra de la colectividad que disiente, circunstancia que hasta 2014 se acentuaba con uso excesivo de la fuerza pública.
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